Innovación y Tecnología
I.
Antecedentes
La
adopción de la innovación
a través de
las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) tienen un vínculo directo con la dinámica de cambio
global que los países desarrollados han sabido aprovechar. Le han apostado a este componente como un eje clave para el
desarrollo de competitividad, productividad y eficiencia; lo cual han explotado
grandemente en la tecnificación de todas sus actividades productivas tradicionales
y emergentes.
Toda
esa dinámica,
iniciada décadas atrás, nos ha llevado en la actualidad a la
inminente Cuarta Revolución
Industrial (4RI), donde muchos países en Latinoamérica ya están destacando.
A pesar de que el país ha quedado rezagado en este tema, aún no es demasiado
tarde para que pueda trazar esa ruta de éxito para su transformación y el
cierre de la brecha digital.
Son
los gobiernos de los países los que deben tomar la iniciativa, impulsar y habilitar las condiciones
tecnológicas y regulatorias, para que a través de políticas públicas efectivas, los sectores productivos puedan
sacar el máximo provecho de la economía digital, propiciando la transformación
de las empresas, sectores académicos y las mismas instituciones
gubernamentales, quienes, además, deben desarrollar esa capacidad para poder
interactuar con el resto de sectores.
La
transformación digital empresarial es un hecho. La demanda de profesionales
técnicos y especialistas es una realidad. El comercio electrónico nacional e
internacional es una necesidad; la robótica y la inteligencia artificial se
vuelven una oportunidad. Por tanto, el gobierno de El Salvador está obligado a
volverse un catalizador para potenciar los recursos y capacidades existentes,
proveyendo las condiciones para que la academia, sectores productivos y el
gobierno mismo integren esfuerzos en una meta de país por salir del
subdesarrollo.
En
este contexto, nuestro Plan de Gobierno traza una estrategia conformada por
diferentes componentes para potenciar el uso de las TIC, que incluye la
normalización en la adopción de tecnologías, el cierre de brecha digital,
instauración de programas de formación
técnica
y de especialización, orientados a la implementación de procesos tecnológicos para hacer eficientes los servicios públicos y privados, entre otras.
II.
Problemática actual
La única manera en que sabremos en qué
posición estamos, y si somos buenos en algo o no, o si vamos en la ruta
correcta, es compararnos con el resto de naciones, principalmente con los de
nuestra región. Por tanto, retomaremos de referencia algunos informes de
medición de país, que citan componentes de desarrollo
y tecnologías de la información, los cuales cuentan con alta importancia por ser
desarrollados por entidades internacionales independientes.
En lo que respecta al Índice Global de
Competitividad, con base en el informe desarrollado por el Foro Económico Mundial
correspondiente al año 2018 (The Global Competitiveness Report 2018 - World Economic Forum), El Salvador está en la posición 98 de 140 y bajó en su índice de competitividad de
53,86 en el 2017 a 52,82 en el 2018.
Esta
no es una medición aislada. Se basa en la evaluación de 12 factores, en los que
de forma explícita incluye la adopción de tecnologías de la información que, implícitamente, se vinculan con el resto de factores,
por ejemplo: institucionalidad, dinamismo
de negocios e infraestructura,
entre otros. Por ejemplo, en el factor de adopción
de las TIC ocupamos la posición 103 de 140.
En
sintonía con lo anterior, y de manera paralela, en el informe Doing Business 2018, elaborado por el Banco Mundial, sobre el ranking de
Facilidad para Hacer Negocios, El Salvador cayó 12 posiciones, ocupando el
puesto número 85, cuando en el año 2017 estaba
en el
73.
Esto
es solo una muestra de la manera en que se nos mide a nivel internacional y es
el reflejo de la carencia de estrategias sólidas de país, relacionadas con la adopción
efectiva de las TIC como un abanico de oportunidades, que pueden incorporarse
en procesos académicos, productivos y, sobre todo, en la entrega de eficiente
de servicios públicos.
Lo
que de manera formal se mide por otras entidades a nivel internacional es, sin
duda, lo que día con día viven nuestros ciudadanos cuando
demandan los servicios y les son entregados de manera ineficiente, incompleta,
con ataduras de tramitología que se ven influenciadas a regulaciones obsoletas,
que llevan incluso a desistir en la exigencia de los servicios a los que se
tienen derecho.
Tomando
como base los aspectos abordados anteriormente, se puede resumir algunas de las
problemática actuales identificadas, que impactan en los resultados que El
Salvador está reflejando hacia el resto del mundo:
a)
A nivel de gobierno tradicionalmente se ha carecido
de una estrategia de país con enfoque en las TIC, que integre no solo a las
entidades de gobierno, sino también al resto de sectores productivos,
académicos y la sociedad en general. La mayoría de esfuerzos de inversión han
sido individuales, incluso entre las mismas instituciones, que no han podido
consolidar una visión tecnológica común, de transformación
digital, de buenas prácticas, seguridad de la
información y estandarización.
b)
La tramitología no ha podido superar las barreras burocráticas
que permita volver eficientes los servicios. A tal grado que no se ha podido
explotar las TIC para lograr la Interoperabilidad Institucional, que integre
procesos entre las entidades y que faciliten al ciudadano, empresas y demás
sectores agilidad en los trámites. Esto lo podemos apreciar cuando en una
institución nos requieren documentos adquiridos en la misma entidad, los cuales
podrían ser consultados directamente de sus registros digitales. También se
observa cuando se tiene que entregar la misma copia de documentos en diferentes
dependencias de la misma institución, a expensas que dichos documentos
puedan ser extraviados por la falta de controles efectivos.
c)
No se cuenta con un canal efectivo de comunicación
entre los diferentes sectores de la sociedad y el gobierno, a través de los
cuales se expongan sus necesidades, se les dé seguimiento y se reciba
retroalimentación a través del mismo canal, que permita, a
través del mismo, que las instituciones se comuniquen entre sí, para atender
las necesidades de manera integral, analizando, priorizando e identificando las
soluciones; abriendo a la ciudadanía la posibilidad de seguir la trazabilidad
de cada caso registrado.
d)
La Ley de Firma
Electrónica aún no se ha implementado en el país, a
pesar de haber iniciado un proceso intenso de preparación y gestiones de
aprobación desde el 2008 y que fue exitosamente aprobada con Decreto
Legislativo No. 133 del 1 octubre de 2015, entrando en vigencia el
23 de abril de 2016. Esto es una limitante para poder dar un salto de calidad,
eficiencia y seguridad en las transacciones comerciales y gubernamentales,
haciendo uso eficiente de los canales de comunicación electrónica y digital.
e)
Las limitantes anteriores tienen efecto colateral
sobre la transparencia y la disponibilidad de datos abiertos, temas sobre los
cuales los gobiernos aún mantienen una deuda con la población. Esto derivado de
una deficiente gestión tecnológica y de mecanismos de recopilación e integración
estandarizada de información.
f)
Se carece de estrategias sólidas para el cierre de la brecha
digital en El Salvador, que contemple la integración de todos los sectores de
la sociedad (empresas, academias, gremiales de profesionales, etc.), con
enfoque en el fortalecimiento y despliegue de infraestructura tecnológica y el componente educacional en la
población.
III. Ejes programáticos
EJE
1 – eGOES
Subcomponente
1: Sistema de Monitoreo Nacional
Implementación del Sistema de Monitoreo
Nacional, a través del cual se identifiquen, registren, prioricen y
gestionen las diferentes necesidades de la población; que permita la
unificación de esfuerzos con equipos multisectoriales del gobierno para abordar
las soluciones de manera integral.
Este consiste en la implementación de
una plataforma tecnológica que
abrirá un
importante canal de comunicación entre la ciudadanía y el gobierno; a través de
la cual serán reportadas las problemáticas que afecten a la población.
El Sistema de Monitoreo Nacional permitirá que cada problemática sea recibida e identificada,
llevando además el registro y control del ciclo de atención de la misma,
sometida a un proceso en el que podrán desarrollar, entre otras, las siguientes
actividades:
1.
Investigación,
análisis
y priorización de la
problemática,
generando el diagnóstico preliminar del tratamiento de la misma.
2.
Derivación de cada caso a las instituciones
involucradas en la solución, para la integración de los equipos de trabajo
interinstitucionales.
3.
Registro de avance en el tratamiento de las problemáticas.
4.
Cierre de cada uno de los casos atendidos y
resueltos.
La plataforma permitirá que los equipos multisectoriales de
las diferentes entidades de gobierno se integren y planifiquen el trabajo a
ejecutar, abordando la problemática reportada de manera conjunta con el fin de
erradicar las causas de la misma. En tal sentido, dependiendo del tipo de
problemática reportada, podrán verse equipos integrados por personal de las
carteras de salud, seguridad y educación, o equipos de obras públicas, turismo, tránsito terrestre, entre otros. Todos con
un enfoque integral de solución.
La población en general podrá acceder,
de manera transparente, a la plataforma para conocer de primera mano sobre los
avances de cada caso registrado, que luego se podrá constatar con la
materialización de las acciones reflejadas en obras.
Subcomponente
2: Transformación Digital del Gobierno
Se potenciará la Transformación Digital del Gobierno, con base en una
arquitectura integrada y normalizada para la inversión en nuevas tecnologías de
la información y comunicación, la adopción de buenas prácticas y la formación técnica especializada de los funcionarios responsables de su
gestión.
Se establecerá una estrategia de Transformación Digital de Gobierno, con la cual se trazarán los
ejes de acción general que marcarán la pauta en todo el contexto de inversión y
gestión integral de las TIC para cada entidad de gobierno, habilitando su
integración con el resto de actores de la población.
A partir de esta estrategia se definirán
las líneas de acción interrelacionadas y focalizadas en la eficientización de
procesos para la entrega de servicio, basadas en el uso óptimo de las TIC.
Entre los elementos clave sobre los que se basará esta estrategia se tienen:
1. Política de inversión para la adquisición de
infraestructura y soluciones tecnológicas.
2.
Marco de trabajo para la gestión de TI, basado en
las buenas prácticas
internacionales.
3. Normalización para la integración tecnológica interinstitucional.
4.
Marco de trabajo para la implementación de políticas de seguridad de la información.
5.
Planes estratégicos, tácticos y operativos para la formación en TIC, con
enfoque en la visión de país.
Lo anterior permitirá establecer las
bases sobre las cuales todas las entidades de gobierno puedan integrar sus
recursos y capacidades sobre las TIC, a fin de poder brindar servicios de
calidad y eficientes a los ciudadanos, adoptando marcos de trabajo
estandarizados que permitan homologar los niveles de servicio, e implementar
mecanismos de medición y de mejora continua. De esta manera, se propiciarán las
condiciones para la interoperabilidad institucional, que denote el salto de
calidad en servicio que se tiene como objetivo, dándole un golpe certero a la
burocracia que tantos recursos consume del gobierno, sector privado y población en general.
Subcomponente
3: Interoperabilidad Institucional
Implementación de procesos de Interoperabilidad Institucional
que integren las comunicaciones entre entidades de gobierno y empresa privada,
en el contexto nacional e internacional, enfocado en la entrega eficiente de
servicios al ciudadano.
Con una base de Transformación Digital sólida en las Instituciones Gubernamentales y
contando con una infraestructura integrada, se puede lograr dar un paso de
calidad en la entrega de servicios, a través de la Interoperabilidad Institucional.
Con esto se habilitan mecanismos de intercambio de información entre las
entidades, con el fin de agilizar trámites ciudadanos en los que más de una
institución tiene participación o aquellos donde los requisitos de
documentación requeridos puedan ser obtenidos directamente de la fuente emisora
del mismo.
Para ejemplificar este escenario, sería
de gran beneficio que cuando un ciudadano requiera obtener un pasaporte no
necesite más que llevar su Documento Único de Identidad (DUI), sin tener que
llevar una copia física, pues la misma puede ser obtenida digitalmente desde el
Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN). En la misma sintonía, al
tramitar el pasaporte para menores de edad, que no sea exigible llevar una
partida de nacimiento emitida por la municipalidad en la que está inscrito,
sino que baste con conectarse a la base de datos del RNPN o de la misma municipalidad
y
visualizar el documento, tomando la información que sea necesaria para los
registros internos de la Dirección General de Migración y Extranjería.
Este sería un ejemplo simple, considerando que
las TIC nos abren una amplia gama de oportunidades de mejora en un sinfín de
sentidos. Por ejemplo, sería de gran beneficio que desde los centros
hospitalarios, públicos o privados, se registre la información de nacimientos o
defunciones; datos que puedan ser consumidos por las municipalidades,
el RNPN y por las entidades de estadísticas nacionales, facilitando los trámites del estado familiar;
y que al efectuarse el registro oficial en el estado familiar
de las municipalidades, el Ministerio de
Educación pueda proyectar su demanda de matrícula con años de antelación. Y
así, Ministerio de Salud, Ministerio de Economía y demás entidades pueden
definir sus políticas públicas basadas en datos reales, como
por ejemplo proyecciones para la adquisición de vacunas, proyectos sociales,
demográficos, entre otros.
Por tanto, la Interoperabilidad
Institucional representa una oportunidad para volver más eficiente al Estado,
beneficiando a la población y a todos los sectores económicos; impactando en
diferentes indicadores desarrollo que no han logrado superarse por no contar
con una visión de soluciones integrales.
Subcomponente
4: Firma Electrónica
Implementación de la Ley de Firma Electrónica como componente clave para habilitar e
impulsar el comercio electrónico y gobierno electrónico, con garantías de seguridad en el intercambio de
documentación de carácter oficial y personal por canales digitales.
Con la Firma Electrónica se constituye
un elemento clave en la generación de seguridad jurídica, en el contexto de
trámites en canales de comunicación tecnológicos (electrónicos, digitales, ópticos y
equivalentes), como los que habilita el Internet y demás medios de
transferencia de datos.
Tras la entrada en vigencia de la Ley de
Firma Electrónica, nada o muy poco interés se ha visto de parte del gobierno
por la puesta en marcha de dicha Ley.
Este proyecto requiere ser impulsado por
el gobierno, pues es el designado para la operativización de toda la estructura
orgánica y habilitación de la misma para que las empresas privadas que se
integrarán a este proyecto, de alta importancia nacional, puedan ofrecer sus
servicios en el contexto que la ley establece.
Esto contempla el fortalecimiento de la
Unidad de Firma Electrónica, adscrita al Ministerio de Economía, para que se
establezcan las condiciones de infraestructura y organizacionales que esta Ley
y su Reglamento establecen, a fin de invitar a las empresas interesadas en la
provisión de servicios, y a la vez promover el uso de la Firma Electrónica,
tanto en las entidades del Estado como en el resto de actores de la sociedad,
que opten.
En una etapa inicial se promoverá que
toda institución gubernamental implemente internamente la Firma Electrónica
Simple, con fines de hacer eficiente sus procesos operativos internos, con
base en documentación digital, minimizando el uso de documentos impresos, que
generan un impacto económico y ecológico positivo.
En una segunda etapa se impulsará la Implementación de la Firma Electrónica Certificada, en la cual
participarán todos los actores que legalmente estén autorizados (Servicios de certificación
y de almacenamiento de documentos electrónicos) y aquellos que gestionen el uso
de dichos servicios (Empresas, instituciones de gobierno
y ciudadanía en general).
Los beneficios directos generados por la
firma electrónica son muchos, en el contexto de eficientización de procesos que
integran servicios del Estado para ciudadanos, para
empresas, de empresas entre empresas,
ciudadanos entre ciudadanos y todo
ello en ambientes de comercio electrónico y gobierno electrónico, generando
transacciones con características de autenticidad, integridad y
confidencialidad que garanticen la seguridad de la información que se
intercambia.
Entre los beneficios indirectos podrán
destacarse: la mejora en indicadores de competitividad, transparencia,
productividad, datos abiertos, entre otros.
Subcomponente
5: Facturación Electrónica
Implementación del proceso de Facturación Electrónica, fortaleciendo los mecanismos de recaudación fiscal
y generando transparencia en las transacciones comerciales, entre empresas,
consumidores y gobierno.
La Facturación Electrónica es otro tema que suma a la
eficiencia en la gestión de gobierno, desde la perspectiva de recaudación
fiscal, con efectos altamente positivos en transparencia, y que, de igual
manera, está supeditada a una infraestructura y procesos tecnológicos robustos, así como de la firma electrónica, donde el
gobierno es un catalizador clave para generar las condiciones legales, fiscales
y técnicas que facilite la transición a este modelo.
Este tema ha tomado auge en
Latinoamérica en los últimos años. Chile fue pionero en este tema
cuando en el 2003 adoptó este proceso. Luego le siguieron otros países que han
sabido sacar ventaja de las TIC.
Si bien en El Salvador se han habilitado
algunos mecanismos que simulan una especie de Facturación Electrónica, esta no es pura, debido a que se
depende de un intermediario que funge como “Imprenta Virtual”. Además, se carece de todo un proceso
de validez jurídica de la documentación digital, lo que siempre obliga a la
emisión de un documento físico que respalde la transacción.
La adopción de la Factura Electrónica,
si bien implica muchos esfuerzos gubernamentales desde la perspectiva de
inversión, regulaciones y logísticas para generen las condiciones para su
implementación, es una apuesta importante, pues de ello derivan muchos impactos
para el bien común, especialmente en lo referente a la hacienda pública, sector
empresarial y el consumidor:
A.
Generación de transparencia en el proceso de
recaudación fiscal, el cual se ve fortalecido con mecanismos de control
electrónicos centralizados que interrelacionan los actores comerciales y la
autoridad fiscal.
B.
Beneficios al contribuyente para sacar provecho de
la automatización de procesos y minimización de los costos en papelería y
almacenamiento físico, así como facilidad en el cumplimiento
regulatorio fiscal.
C.
Estandarización de formatos, basados en una
estructura normalizada definida por el Ministerio de Hacienda, sin menoscabo
del cumplimiento regulatorio fiscal.
D.
Almacenamiento centralizado de toda documentación
generada por las transacciones de todos los emisores, lo cual implica la
habilitación de canales de consulta directa para los involucrados en la
operación
comercial.
E.
Las facturas electrónicas llevan un componente de
seguridad jurídica, con base en la firma electrónica certificada, que garantiza
la autenticidad y autoría del emisor del documento.
Si bien pueden seguirse identificando
beneficios derivados de la adopción de la Facturación Electrónica, puede denotar que el ganador
principal es todo el país, ya que se superan barreras de burocratización en tramitología, agilizando servicios y reflejando un
logro global de transparencia en la recaudación y gestión tributaria.
Este componente de desarrollo será
abordado estableciendo principalmente la estrategia de adopción de la
Facturación Electrónica, en la que se marquen los hitos
relevantes que generen resultados palpables desde su inicio. Sustentando esta
estrategia bajo los principios de Transparencia Tributaria, que impulsan
organismos internacionales cooperantes como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE), el Foro Global (FG), de los cuales El Salvador ya es miembro,
y el G20.
En este sentido, nuestro gobierno
focalizará su esfuerzo en generar las condiciones requeridas para la adopción
de la Facturación Electrónica, incluyendo las reformas legales y
nuevas regulaciones; cambios procedimentales; generación de la capacidad
tecnológica; infraestructura de comunicaciones; estrategias de despliegue;
campañas de formación y acompañamiento de los emisores y demás actores
comerciales, entre otras; que garanticen una exitosa implementación.
Subcomponente
6: Gobierno de Datos Abiertos
Implementación de la Estrategia de Gobierno de Datos Abiertos a partir de
los componentes de interoperabilidad y demás elementos TIC implementados, que
permitan a los ciudadanos, sectores empresariales y demás entidades interesadas
conocer de manera transparente los datos de utilidad, sobre la gestión
gubernamental y demás información que genere valor para sus actividades de
interés.
El tema de Datos Abiertos (Open Data) ha tomado auge en la última década, y su relevancia crece en paralelo
a la adopción de las Tecnologías de la Información y Comunicación. Las
iniciativas de los gobiernos en la implementación de prácticas de recolección de datos, y la
disposición de los mismos a la población, viene vinculada a prácticas de
transparencia y rendición de cuentas.
Este es otro de los componentes que
frecuentemente están siendo monitoreados en los países, para lo cual existen
diferentes organizaciones a nivel mundial que generan sus mediciones, que son
plasmadas en informes especiales. El Salvador es parte de los países que entran
en la mayor parte de informes de medición de Datos Abiertos.
Uno de los principales informes es el Barómetro
de Datos Abiertos (ODB: Open Data Barometer) desarrollado por la World Wide Web Foundation, informe en el que establece todo el
contexto de datos abiertos de los países, valorando las estrategias de
preparación, implementación e impacto.
El Informe ODB, en su cuarta edición
emitida en mayo de 2017, posiciona a El Salvador en el lugar 85 de 115,
obteniendo en su medición 14 puntos de 100, quedando en nuestra región por
debajo de Guatemala y Costa Rica, quienes ocupan las posiciones 63 y 71
respectivamente. (Fuente: informe Global Open Data Barometer - 4ta. Edición).
Aún
hay un amplio camino por recorrer en temas de Open Data o, dicho de otra manera, en la voluntad
de abrir los datos de gobierno a la población y adoptar prácticas transparentes
y de rendición de cuentas.
Nuestra plataforma de gobierno se basa
ampliamente en el impulso de las TIC como elemento clave para propiciar un
entorno de transparencia, sobre el cual se ponga a disposición la información
que las instituciones recolectan y generan; que sea un insumo de valor para la
población, las empresas y demás organizaciones que analizan dichos datos, que
toman decisiones con base en los mismos, y que, a la vez, puedan inferir sobre
el nivel de transparencia y rendición de cuentas que cada entidad, y el
gobierno en general, provee.
La estrategia de Datos Abiertos basará su éxito
sobre las políticas de normalización de las TIC, los
procedimientos estándares de recolección de información,
interoperabilidad, plataforma tecnológica integrada y la habilitación de los
canales electrónicos que den acceso a los datos a todos los
actores de la sociedad interesados en su revisión, incluyendo los organismos
internacionales que monitorean el clima de Open Data en los gobiernos, así como el impacto
que esto genera.
Subcomponente
7: Identidad Digital
Habilitar las condiciones para la
implementación de la Identidad Digital, que permita trazar la
ruta en la integración de la información ciudadana, que facilite la
identificación única con base al registro familiar, la
generación de estadísticas vitales para la implementación de políticas de salud y educación enfocadas al
desarrollo de la población; por ejemplo: vacunación, expediente médicos,
proyecciones de matrícula, beneficios sociales, entre otros.
La Cuarta Revolución y su transformación digital no solo tiene que ver con
instituciones y empresas, sino también cuenta con un enfoque en aquellos a
quienes van dirigidos los servicios; es decir, un enfoque especial en el
individuo, en la persona misma. Aun en pleno siglo XXI, y a pesar de haberse
trabajado arduamente por regular el derecho a la identidad, aún hay ciudadanos
que no pueden probar su identidad, o, en el peor de los casos, no cuentan
oficialmente con una, quedando fuera de las estadísticas vitales de país.
La identidad de una persona la vuelve
visible para temas de inclusión,
políticas públicas de salud, estrategias de
educación, entre otras. Pero esto no se limita al contexto público, su relación
en sociedad y el uso de servicios privados; de igual manera demandan que una
persona sea identificada de manera única.
Ante la transformación tecnológica global, el cierre de la brecha
digital no se limita a que los ciudadanos tengan acceso a la tecnología y hagan
uso de ella, sino que implica además que los ciudadanos puedan contar con una
identidad digital, a través de la cual puedan interactuar en dicho entorno con
el resto de actores.
Nuestro plan de gobierno incluye una
Estrategia de Largo Plazo para todo el aparataje del gobierno central y
gobiernos locales, quienes interactúan en la gestión de la identidad personal y
en el registro de las estadísticas vitales, integrando esfuerzos con un enfoque
en la adopción de identidad digital. Esto conlleva un fortalecimiento de las
instituciones que están vinculadas a los procesos de registro y emisión de documentos de identidad legal (como las
certificaciones de nacimiento, documentos únicos de identidad o registros de
ciudadanos residentes), y los que se derivan de estos: los documentos de identidad funcionales, como las licencias de
conducir y pasaporte. Esto es clave para que nuestro país esté listo para dar ese
salto a la identidad digital.
Lo anterior depende altamente de las
estrategias de la transformación digital del gobierno,
firma electrónica,
interoperabilidad, ciberseguridad, reformas en la legislación relacionada,
entre otros componentes, lo que implica una primera etapa en las bases sobre
las cuales se cimentará nuestra estrategia.
De esta manera, el esfuerzo se verá
reflejado con la integración tecnológica y fortalecimiento organizacional de todas las
instituciones que tienen la responsabilidad de un adecuado de Registro del
Estado Familiar, Registro de Identidad Ciudadana y Estadísticas Nacionales.
Entre estas se vuelven prioritarios el Registro Nacional de las Personas Naturales
(RNPN), la Dirección General de Estadísticas y
Censos (DIGESTYC) y Ministerio de Salud, contemplando además el componente
clave de los Registros del Estado Familiar, gestionado desde las Municipalidades, donde oficialmente todo nacimiento y
toda defunción toman validez legal.
Si no se reestructura y moderniza el
proceso de Registro Familiar, difícilmente se podrá dar el siguiente paso a la
Identidad Digital Legal. En este sentido, la fase de fortalecimiento contempla
una serie de tareas para integrar procedimental y tecnológicamente las
instituciones vinculadas a este proceso:
·
Establecer mecanismos de registro de nacimiento y
defunciones desde las entidades oficiales de origen (hospitales públicos y
privados), desde donde, con los mecanismos de identificación electrónica, den
fe de un evento determinante que impacta en el Registro del Estado Familiar.
·
En el caso de un nacimiento se generará el Código Único de Nacimiento (CUN) que ya está siendo
asignado en el Ministerio de Salud. Sin embargo, se requiere de fortalecimiento
en dicho proceso y viabilizarlo a los demás Centros de Atención Médica, públicos y privados, para que se integren
a este proyecto.
·
En el caso de las defunciones, de igual manera habrá
que implementar el proceso de registro e identificación única
de los ciudadanos que no cuentan con un Documento Único de Identidad (DUI), que
permita llevar la trazabilidad desde el deceso, su registro en la base de datos
centralizada y el registro del evento en las municipalidades, para que sea
accesible al resto de instituciones. Esto conlleva implícitamente que si el
ciudadano no posee un CUN, de igual manera pueda asignársele a fin de mantener
la integridad en la información.
·
Esta información debe ser centralizada y a la vez
accesible para el MINSAL, RNPN, DIGESTYC y las municipalidades, siendo estas
últimas donde se realizará la acción de registro oficial del evento y que da la
legalidad al proceso en el Estado Familiar.
·
Desde este punto, se contará con un registro
oficial/legal del evento, relacionado a la persona con base a su Código Único de Nacimiento, el cual podrá
establecerse como código único de identidad, que, en el caso de
un nacimiento, este le permitirá identificarse durante toda su vida, sobre el
cual se registrarán todos los eventos de su estado familiar (matrimonio,
divorcio, defunción, entre otros), así como permitir que se establezca una
relación familiar de consanguinidad y afinidad (relación con padres, abuelos,
cónyuge e hijos); es decir, el árbol
genealógico legal.
·
Ese número de identidad única será la referencia misma para su Documento
Único de Identidad. De igual manera, se refleja en los documentos de identidad funcionales, que el ciudadano tramite.
Por ejemplo: Licencia de Conducir, Pasaporte y demás credenciales que requiera
gestionar, garantizando totalmente el uso de una misma referencia de identidad.
Todo lo anterior va estrechamente ligado
al proceso de interoperabilidad institucional, a partir del cual se busca
facilitar la entrega de servicios a la población a través de procedimientos y canales electrónicos. Por
tanto, toda entidad oficial que requiera realizar consultas, o validar la
identidad de un ciudadano, podrá hacer uso de la información centralizada
cuando se derive de un trámite o servicio que el ciudadano mismo requiere.
Bastará con hacer ajustes en procedimientos, y en otros casos reformas legales,
para que se faciliten los trámites a ciudadanos. Por ejemplo: Evitar pedir
partidas de nacimiento en trámites de Documento Único de Identidad (DUI); pasaporte;
matrícula escolar, entre otros; o evitar pedir copias de DUI en cada uno de los
trámites del Estado, o en la solicitud de servicios públicos. Todo esto, sin
duda, evitará que los ciudadanos gasten recursos financieros, y de tiempo, en
copias y en movilizaciones de una ciudad a otra para poder acceder a servicios
de atención ágiles.
Estos serían solo algunos beneficios de
menor escala, comparado a lo que se puede lograr con el fortalecimiento de los
procesos actuales en el registro y gestión del Estado Familiar y de su
integración con las Bases de Datos de identidad íntegras y seguras; lo cual
lamentablemente está lleno de procesos arcaicos, regulaciones obsoletas y carencia
de tecnologías aplicadas para eficientizar una administración integrada y
segura a la que se le pueda sacar el máximo provecho.
En esta primera etapa de nuestra
estrategia se materializan las bases de datos integradas del Registro de
Identidad y un Estado Familiar confiable, a partir de las cuales se puede dar
el paso de calidad a la Identidad Digital, que no debe verse como un sueño sino
como una realidad en el mundo. Difícilmente nuestro país saldrá del
subdesarrollo si no aceptamos verdaderos retos, si no adoptamos las tecnologías
y si no modernizamos nuestras regulaciones, que abran paso a la verdadera
transformación digital y, principalmente, a la integración interna y con el
resto del mundo.
En la segunda etapa nuestra estrategia se enfoca en la
construcción de la Identidad Digital, la cual implica la conformación de un
Sistema de Identidad Digital, en el que se integrarán diferentes actores
involucrados en esos procesos, entre ellos los proveedores de identidad (quienes
registran, gestionan y garantizan las identidades de los usuarios); los
usuarios de los servicios de identidad (quienes los adoptan la identidad para
interactuar entre ellos); los proveedores de servicios (gobierno y empresas
quienes prestan los servicios a los usuarios). Siendo esto un Plan de Gobierno
integral, puede observarse nuevamente que esta estrategia no se desvincula del
proceso de Firma Electrónica, de la Transformación Digital y de la
Modernización del Estado; es decir, nos enfocaremos en procesos integrados, no
en esfuerzos individuales.
Nota: El Sistema de Identidad Digital, no debe ser visto
solo desde la perspectiva sistema informático, pues posee una visión integral
de componentes, procedimientos, regulaciones que se relacionan y complementan
para que se sumen en un proceso.
Este Sistema de Identidad Digital, se
basará en varios componentes clave para su operativización, que contempla
alcances de mediano y de largo plazo para garantizar un nivel de madurez
suficiente que motive su adopción:
·
Se establecerán las condiciones legales requeridas
para la adopción de la Identidad Digital, apegado a los derechos nacionales e
internacionales de identidad.
·
Se establecerán mecanismos de autosostenibilidad
financiera, para la implementación, mantenimiento y procesos de mejora continua
del Sistema.
·
Se definirán marcos de gobernanza claros, normalizados, a los
que se sometan los diferentes actores dentro del sistema, para una adecuada
gestión del mismo, así como la inclusión de los mecanismos para la habilitación
de servicios públicos y privados que hagan uso del Sistema de Identidad
Digital.
·
Se basará en infraestructura tecnológica robusta que
permita interactuar de manera estable y segura con los actores en este sistema.
·
Contempla la implementación de componentes de
identificación y autenticación electrónica/digital basado en las mejores
prácticas de ciberseguridad (mecanismos de validación), que ofrezcan las
garantías suficientes a los usuarios y a los prestadores de servicios.
·
Estrategias de educación y concientización de la
población (todos los sectores) sobre el uso de la Identidad Digital, a fin de
generar la cultura del debido cuidado, resguardo/protección de sus datos.
·
Gestionar el apoyo de entidades internacionales que
están impulsando este tipo de iniciativas para la adopción de la Identidad
Digital, quienes, como aliados de los países, ofrecen no solo el soporte
financiero sino además la asesoría y acompañamiento en la adopción de estos
procesos, destacando su interés en el Desarrollo de la Región, como es el caso
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Sin dejar de lado países
cooperantes que han sabido sacar ventaja de las TIC, y adoptado este tipo de
identidad (como el caso de Estonia), sin embargo, no se ha sabido aprovechar
esa voluntad de apoyo.
·
Entre otros componentes clave para la adopción de la
Identidad Digital.
Si bien estos procesos requieren mucho
esfuerzo en cuanto a un cambio regulatorio y, sobre todo, un cambio cultural,
estamos claros que El Salvador quiere y merece lo mejor. Por tanto, la adopción de la Identidad Digital coadyuva al
posicionamiento en la ruta correcta, y nos dará un gran impulso para ser parte
de la Cuarta Revolución Industrial (4RI), que si bien ya ha iniciado, estamos
seguros que ningún
salvadoreño se
quiere quedar de espectador, respecto a la manera en que el mundo cambia.
EJE
2 – Tecnología
Subcomponente
8: Brecha Digital
Reducción de la Brecha
Digital que limita el desarrollo de nuestra
población, sobre la base de planes de formación profesional enfocado en las
Tecnologías de la Información, desde los niveles básicos a los niveles
avanzados que exige el mercado global, que permita a nuestros ciudadanos sacar
el máximo provecho a las TIC y generar fortalezas de empleabilidad.
En nuestro país, con el pasar de los
años, contrario a los demás países de la región, en lugar de disminuirse la brecha
digital en la población, esta ha ido aumentando. Los gobiernos
anteriores no se han tomado en serio la labor de reducir la brecha digital e
impulsar los esfuerzos necesarios para que esto ocurra.
El
BID, mediante un estudio publicado en abril de 2018, nos insta a modernizar la
gobernanza de las telecomunicaciones para reducir la brecha digital. Para esto,
se buscará enfocar planes especializados en las TIC para el aprovechamiento de
la población
(https://www.iadb.org/es/noticias/estudio-del-bid-insta-america-latina-y-el-caribe-modernizar-la-gobernanza-de-las).
Nuestra
estrategia para la reducción de la brecha digital en el país se cimienta en
varios componentes clave, que permitirán ir superando las limitantes actuales
que generan esa disparidad en la población sobre el tema de las TIC:
a)
Potenciar las capacidades de conectividad, incrementando las condiciones de
accesibilidad de la población, que permita llevar los servicios a las zonas
que, por años, han estado abandonadas, tanto urbanas como rurales. Esto
contempla el involucramiento del sector privado con programas de mejoramiento
de Infraestructura de Telecomunicación, de Responsabilidad Social vinculados a
Incentivos Fiscales, que propicien la integración de esfuerzos por sacar
adelante al país.
b) Implementar políticas inclusivas para el cierre de la brecha digital,
donde no haya discriminación de género, condición social o edad; que actualmente se
reflejan en la disparidad de acceso que los ciudadanos tienen sobre los
servicios.
c)
Establecer estrategias de formación en TIC para que la población adquiera el conocimiento
básico que le permita hacer uso de las tecnologías y
tome ventaja de los servicios que se habiliten en canales digitales. Esto está
relacionado al fortalecimiento de las Instituciones Estatales de Formación
Profesional, Ministerio de Educación y sus Instituciones Educativas,
Universidades estatales y privadas
(incluyendo la actualización de Planes de Estudio), así como al establecimiento
de convenios con Academias Privadas (formación especializada), que permita
unificar esfuerzos para superar la brecha actual.
d)
Generar las condiciones para que los esfuerzos en el
cierre de la brecha digital no sean aislados, sino que se basen en programas
integrales, garantizando la efectividad de cada acción que se ejecute, pues no
basta con proporcionar computadoras si no hay energía eléctrica, o si no se
cuentan con acceso a internet. Por tanto, las acciones deben proveer de
soluciones integrales.
El
cierre de la brecha digital en la población ha demostrado a nivel mundial que
genera beneficios directos a las personas, elevando su nivel de conocimiento,
su autoestima, sus capacidades de empleabilidad, potenciando personas
competitivas. Todo esto impactando directamente en el Producto Interno Bruto
(PIB) de los países.
Subcomponente
9: Secretaría de Innovación y Modernización del Estado
Creación de la Secretaría de Innovación
y Modernización del Estado, como ente regulador, supervisor e impulsor de todas
las estrategias de gobierno relativas a las TIC; con objetivos de
estandarización; implementación de políticas; adopción de buenas prácticas; habilitador de
formación tecnológica y de seguridad de la información.
La
transformación digital de un gobierno y todas las estrategias que conllevan a
la normalización de un Estado deben ser sustentadas en estrategias sólidas.
Pero estas no podrán materializarse si no existe un liderazgo que establezca
las pautas sobre la operativización de las mismas.
Por
muchos años, los gobiernos de El Salvador han intentado apostarle a las TIC.
Lamentablemente cada entidad ha hecho sus esfuerzos de manera individual,
muchas veces sin tener clara una visión de país sobre la cual alinear sus estrategias
individuales. Esto se suma a la ausencia de lineamientos claros sobre una
adecuada gestión de los recursos, falta de establecimiento de marcos de
referencia a los cuales apegarse y, en muchas ocasiones, a la carencia de
personal capacitado con la formación adecuada para sacarle el máximo provecho a
los recursos tecnológicos.
Nuestro
Plan de Gobierno contempla la creación de la Secretaría de Innovación y
Modernización del Estado, la cual estará encargada de definir las estrategias
de adopción de las TIC, sobre la cual todas las instituciones de gobierno
establecerán sus estrategias individuales, con una visión de país en el contexto de una adecuada
adopción de Tecnologías de la Información y una gestión eficiente de las
mismas.
La
importancia del involucramiento de esta Secretaría se basará en funciones
concretas:
a)
Establecimiento de marcos normalizadores para la
adopción de las TIC, aplicables a todas las entidades de gobierno.
b)
Elaboración e implementación de políticas de inversión para la adquisición de
infraestructura y soluciones tecnológicas.
c) Implementación de políticas de integración tecnológica entre las entidades
gubernamentales.
d)
Elaboración e implementación de políticas de seguridad de la información.
e)
Definición de planes estratégicos, tácticos y operativos para la formación en TIC.
Todo esto podrá verse reflejado en
acciones como las siguientes:
1.
Gestión y establecimiento de convenios con organizaciones
internacionales, académicas y gremiales profesionales, con el propósito de:
a.
Definir planes de estudios especiales para formar a
los funcionarios que lideren las áreas de TI de las entidades de gobierno, con
un enfoque en la gestión y especialización en Innovación y en las TIC.
b.
Definir e implementar carreras técnicas de especialización abiertas a la
población que quiera desarrollar sus habilidades en rubros específicos de TIC,
conforme a la demanda de las empresas locales, y conforme a las tendencias del
mercado laboral local e internacional.
Por ejemplo, diferentes empresas locales
e internacionales no solo demandan desarrolladores de software, también
demandan especialistas en otras áreas, como es el caso de especialistas en
ciberseguridad y en seguridad de la información,
administradores
de infraestructura de TI, arquitectos
de software y de infraestructura, administradores
de bases de datos, especialistas
en calidad,
especialistas
en riesgos, administradores
de proyectos de TI, entre otras
especialidades relativas a las TIC y su gestión.
Esto también contempla profesiones de
alta demanda en tecnologías de tendencia y emergentes, como por ejemplo:
aplicaciones móviles, big data,
inteligencia
artificial, internet
de las cosas, robótica,
blockchain y tecnologías en la nube,
entre otras. En estas áreas se están identificando nichos de emprendimiento, que es una de las fortalezas de nuestro talento
joven.
Por tanto, es importante apostarle al
fortalecimiento profesional de nuestra gente, para que destaque a nivel global
y que nuestro país sea reconocido internacionalmente como un centro de
desarrollo profesional en TIC.
Nota: academias incluye universidades estatales y privadas,
academias de educación especializadas en TIC (presenciales y virtuales) y demás
centros de formación profesional.
2.
Gestiones de apoyo de Organizaciones Internacionales
y de países amigos, con el fin de recibir asesoramiento y acompañamiento en la
implementación de proyectos de gran envergadura, relativos a las TIC, con
enfoque a la modernización del Estado.
3.
Liderar el cambio en la modernización del Estado en materia de TIC, trabajando de forma
integrada con el resto de instituciones relacionadas a cada tema
que será impulsado. Esto incluye los proyectos del Sistema de Monitoreo
Nacional, de Interoperabilidad, Firma Digital, Datos Abiertos, Identidad
Digital, y todos aquellos proyectos focalizados a cerrar la brecha digital y
mejorar la entrega de servicios a la población.
La importancia de la Secretaría radica
en su naturaleza como canal oficial de referencia del Estado en temas de
Innovación, Modernización y las TIC, el cual se convertirá en
el referente para atender las propuestas, someter a aprobación proyectos que
vayan enfocados a la eficientización del Estado, con acciones basadas en las
Tecnologías de la Información.
Es de destacar que este gobierno y esta
Secretaría en particular trabajarán de la mano con el Sector Privado, pues
sabemos que los proyectos de país no se pueden aprovechar al máximo con una
visión separada entre los diferentes sectores que conviven en el mismo. Por
tanto, nuestro gobierno desde ya se compromete a ser facilitador y habilitador
de condiciones para que el sector productivo pueda sacar el máximo provecho de
sus recursos; y en el caso de las TIC, tanto gobierno, empresas privadas y
academias debemos trabajar integrados, a fin de garantizar que nuestro recurso
más valioso (nuestra gente) pueda sumarse a la cadena productiva del país, con
las mejores condiciones profesionales que le permitan generar valor.
EJE
3 – INNOVACIÓN
Subcomponente 10: Creación de Espacios “Tecnológicos”
Crear espacios para la formación,
desarrollo y calificación de habilidades tecnológicas, que permitan potenciar las
capacidades de toda persona interesada en abrirse oportunidades profesionales
en las ramas de mayor demanda y tendencias de las TIC, a través de BootCamps,
Hackathons, MakerSpaces y la primera Biblioteca Virtual de El Salvador.
La creación de espacios para la
población interesada en la innovación y la investigación científica y
tecnológica se vuelven vitales para el desarrollo de un país y su gente. Estos
diferentes espacios permitirán a los interesados poder reunirse para compartir
recursos, experiencias, conocimientos, analizar ideas y mejorarlas; trabajar en
proyectos; crear y construir, etc.
Los BootCamps y Hackathons incentivan a la población interesada
porque se les pone un objetivo en específico que deben alcanzar en un tiempo
determinado. Durante el desarrollo del evento, los usuarios comparten sus
experiencias, se conectan con otros usuarios, se
realizan diversos talleres en los que los expositores muestran la tecnología,
que repunta en los países de la región y el mundo, lo que sirve a los usuarios
para despertar la curiosidad sobre las nuevas tecnologías y buscar replicarlos
en el país. Estos eventos se realizarán de la mano de la empresa privada, los
cuales aportan adicionalmente su conocimiento y su experiencia en los temas u
objetivos en los que se desarrolla el BootCamp o el Hackathon.
La creación de MakerSpaces en el país apoyará a las personas para
que aprendan haciendo (Learning by doing), y a la motivación de las ideas para
que se vuelvan una realidad, con el debido acompañamiento de asesores
capacitados que guíen de cerca a la población usuaria hasta la materialización
del producto.
En la Biblioteca Virtual estarán libros
de diferentes categorías e intereses al alcance de la población, totalmente
gratuitos para su lectura y descarga. Esto permitirá a población que no puede
acceder a comprar un libro en específico o se le dificulta conseguirlo, pueda obtenerlo de
manera fácil y gratuita. Para ello, se realizará un estudio previo de los
libros más usados por la población, para que la colección de libros disponibles
sea de total uso y aprovechamiento; y se verificará la selección de libros de
manera periódica para que se mantenga actualizada y sea totalmente útil.
Subcomponente
11: Startups
Implementación de mecanismos de apoyo a Startups, que habiliten su proyección al mercado,
garantizando su posicionamiento, competitividad y crecimiento que las haga
autosostenibles, a través de programas interinstitucionales que garanticen su éxito.
En nuestro país hay decenas de Startups, algunas ya son autosostenibles, muchas están
naciendo, y otras aún están en las mentes de sus creadores.
Las que ya son autosostenibles, y las
que están naciendo, lo están logrando bajo sus propios medios, sin ningún apoyo
del gobierno, luchando contra la burocracia, el papeleo innecesario y la
ausencia de un ente, o guía, que les indique qué camino recorrer para que la materialización
de su idea, empresa o negocio sea más
fácil.
Para estos tipos de Startups, y para las que aún están en la mente de sus
creadores, se plantea crear programas y mecanismos de apoyo
interinstitucionales que brinden la guía a estos emprendedores sobre el proceso
de creación de su empresa, sobre las gestiones necesarias para establecerse,
brindando el acompañamiento adecuado para que se vuelvan autosostenibles, y
estableciendo ferias para que la ciudadanía y la empresa privada conozca sus
ideas.
Este apoyo irá de la mano con la búsqueda de patentes para el país,
adicionales a los nuevos productos (hardware o software) que las Startups puedan ofrecer. Así, El Salvador podrá repuntar en
temas de innovación y tecnología en la región.
Subcomponente 12: Smart Cities
Impulsar la implementación de Ciudades
Inteligentes (Smart Cities) que permitan superar los desafíos que presentan, relativos a tránsito terrestre, cambio climático y usos óptimos de recursos
naturales (energía, agua y luz solar); potenciando el desarrollo innovador y
sostenible de las ciudades, a través estrategias integradas entre gobiernos
locales y gobierno central, promoviendo modelos de gestión eficientes.
En el año 2013 ciudades como Santiago
(Chile), Ciudad de México,
Bogotá
(Colombia) y Buenos Aires (Argentina) ya despuntaban como líderes Smart
Cities en América Latina. 5 años después, El Salvador no tiene ni una
Smart City aún, ni ninguna ciudad que actualmente este en vías de convertirse
en una. En algunas ciudades se han dado unos pequeños pasos, como en San
Salvador, San Miguel, Antiguo Cuscatlán o Santa Tecla, de poner cámaras de
videovigilancia y poner WiFi gratuito en algunas plazas y han tratado de vender
la idea a los ciudadanos de que estas medidas convierten a su ciudad en una Smart City o que están a punto de convertirse en una, lo cual
no es cierto.
Las Smart Cities no solo se componen de cámaras de videovigilancia o WiFi gratis. Se
divide en seis categorías:
·
Gobierno Inteligente.
·
Medio Ambiente Inteligente.
·
Economía Inteligente.
·
Movilidad Inteligente.
·
Ciudadanos Inteligentes.
·
Modo de vida inteligente.
Integrados, estas seis categorías, con el apoyo de la tecnología,
forman la Smart City ideal.
Nuestro Plan de Gobierno propone crear Smart Cities en diferentes zonas del país, brindando el apoyo y
el acompañamiento a las alcaldías para el desarrollo de sus municipios, porque
en nuestro país, debido a la división de los servicios que se le brindan al
ciudadano, no todo le corresponde al gobierno central, ni todo a las alcaldías.
Se propone instalar sistemas de
ciberseguridad íntegros, cumpliendo su función disuasiva y de apoyo a las
autoridades que, aunado al proyecto de Identidad Digital, nos permitirá
identificar de manera más
fácil
a los ciudadanos que cometan delitos. Sensores de movimiento en la iluminación pública,
además de paneles solares en edificios públicos y semáforos que permitirán
eficientizar el consumo de energía de las ciudades, para que sean
autosostenibles. Sensores en semáforos que permitirán regular el tráfico de
manera automática según la carga vehicular que esté
transitando, o que permitan desviar el tráfico si existe una emergencia
adelante.
Debido a la vulnerabilidad de nuestras
ciudades, se planea ubicar sensores en ríos y quebradas que nos permitirán
reaccionar antes de un posible desastre natural. Con el apoyo de las
municipales se pueden ubicar sensores en los basureros públicos, que notificarán cuando estén llenos y así eficientar
la recolección de los desechos.
Mediante un proyecto de digitalización
3D, se planea que los principales monumentos, parques, plazas, playas, volcanes
del país están disponibles en una plataforma virtual. Así, los interesados
podrán dar recorridos virtuales a los lugares, desde cualquier aparato móvil o computador y les permitirá conocer el terreno que
quieran visitar, con lo cual se apoyará al turismo nacional e internacional.
4. Conclusiones
Todos los componentes planteados en este
plan de innovación y tecnología basan su éxito en su integración, con un
enfoque de beneficio común para todos los actores que interactúan en sociedad:
ciudadanos, empresa privada y entidades de gobierno en general; apuntándole con
esto cimentar un futuro prometedor a las nuevas generaciones, quienes podrán
sacarle el máximo provecho a la apertura tecnológica que desde ya es necesario
forjar.
Por tanto, no debemos limitarnos solo a
decir que las y los niños y jóvenes son el futuro de nuestro país, sino, que
tenemos que propiciar las condiciones para que dichas generaciones tengan un
legado sobre el cual puedan continuar impulsando a nuestro país en la ruta del
desarrollo.
